jueves, 19 de noviembre de 2015


REVOLUCIÓN
 

Educación en México en las primeras dos décadas del siglo XX

 

La Universidad Popular Mexicana (UPM) se constituyó en 1912 como una institución dependiente del Ateneo de México (antes denominado Ateneo de la Juventud) y funcionó hasta 1920.

Alfonso Pruneda fue el rector de esa universidad que se propuso abrir las puertas escolares llevando la UPM junto con sus profesores –entre otros: Antonio Caso, José Vasconcelos, Martín Luis Guzmán, Alfonso Reyes, Vicente Lombardo Toledano, Pedro Henríquez Ureña, Erasmo Castellanos Quinto–  a las calles, talleres y plazas populares para ofrecer  educación y cultura, a decir de ellos: “los remedios del alma”.

El artículo 3° consagró la educación gratuita, obligatoria y laica, para que todo niño mexicano tuviera acceso a ella. Estos principios fueron secundados durante el gobierno de Álvaro Obregón.

Una de las propuestas de este periodo fue la de las “ligas patriótico-moralizadoras” que deseaban instalar bibliotecas populares sin la intervención económica de los gobiernos de los estados o la federación; organizar conferencias públicas para todas las clases sociales sin tratar cuestiones políticas ni religiosas.
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA “SAGRADA ESCRITURA DE LOS ZAPATISTAS” Y EL REPARTO AGRARIO
Entre los manifiestos más significativos, después del Plan de San Luis –donde se convocó a la población a tomar las armas para defender el voto–, está el Plan de Ayala, considerado por el historiador John Womack como “la sagrada escritura” de los zapatistas.
Firmado el 25 de  noviembre de 1911 y proclamado tres días más tarde, este plan señaló las violaciones hechas por Francisco I. Madero al lema Sufragio Efectivo No Reelección, la imposición de José María Pino Suárez como vicepresidente, así como la de varios gobernadores de los estados, no obstante la facultad de cada jurisdicción para elegir a sus gobernantes.
El documento zapatista desconoció a Madero como presidente y líder de la Revolución y propuso su derrocamiento, reconociendo como jefe del movimiento al general Pascual Orozco y, de no aceptar el cargo, al general Emiliano Zapata.
La Junta Revolucionaria del estado de Morelos manifestó que hizo suyos los ideales del Plan de San Luis para defenderlos hasta la muerte y que no abandonaría las armas hasta que las dictaduras de Porfirio Díaz y Francisco I. Madero se vieran nulificadas.
 
Las propiedades comunales, montes o aguas que se encontraran en manos de hacendados, caciques o científicos les serían expropiados para entregarlas al pueblo. Para llevar a cabo las expropiaciones se aplicarían las leyes de desamortización que estableció Juárez. Los jefes militares y políticos que apoyaran a Madero y se opusieran al Plan de Ayala serían juzgados y acusados de traicionar a la patria.
 
 
 
 
 
 
 

 

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